El costo de llegar tarde: la SIGEN redefine cómo se audita el Estado

La Resolución SIGEN 292/2026, dictada por el síndico general de la Nación, Alejandro Díaz, y publicada en el Boletín Oficial el 22 de septiembre de 2026, dejó sin efecto las disposiciones vigentes desde 2002. Las nuevas normas son obligatorias para la SIGEN, las Unidades de Auditoría Interna del Sector Público Nacional y las universidades nacionales.

La reforma fue elaborada, sometida a consulta y aprobada por la SIGEN en ejercicio de las competencias que le atribuye la Ley 24.156 como órgano rector del sistema de control interno. No crea secretarías, organismos ni cargos, ni dispone por sí misma un aumento presupuestario. Su alcance es metodológico e institucional: modifica los criterios con los que deberán planificarse, ejecutarse y evaluarse las auditorías estatales.

El punto de partida es que no todos los procesos públicos presentan los mismos riesgos ni justifican idéntica intensidad de control. Distribuir los recursos de auditoría de manera uniforme puede ser tan ineficiente como no controlar. El nuevo modelo procura concentrar la atención allí donde una falla resulte más probable o pueda ocasionar mayores consecuencias económicas e institucionales.

Esta orientación coincide con una concepción de la transformación estatal que no se limita a reducir estructuras o gastos, sino que también procura mejorar la calidad de la gestión. Un Estado más austero requiere controles capaces de distinguir lo relevante de lo accesorio, medir resultados y actuar antes de que una deficiencia se convierta en una pérdida permanente.

La auditoría conserva su carácter posterior, conforme a la Ley 24.156. Sin embargo, deja de agotarse en la reconstrucción de hechos consumados o en la enumeración de incumplimientos. Las nuevas Normas de Auditoría Interna Gubernamental le incorporan una dimensión prospectiva: identificar debilidades, producir evidencia oportuna y advertir riesgos para mejorar las decisiones de quienes tienen la responsabilidad de administrar.

El marco organiza la función en cinco componentes y trece principios. La planificación basada en riesgos se combina con exigencias sobre tecnología, capacitación continua, indicadores de desempeño, evaluaciones de calidad y seguimiento de las acciones correctivas. El informe deja así de ser considerado un resultado suficiente: la eficacia de la auditoría dependerá de que sus conclusiones produzcan una decisión, una corrección y una mejora verificable.

La aplicación de estos estándares puede requerir recursos adicionales. Las normas prevén que los presupuestos de las áreas de auditoría contemplen la formación profesional y las herramientas tecnológicas necesarias. Cuando los equipos resulten insuficientes, sus responsables podrán promover la incorporación de personal o solicitar especialistas dentro del organismo.

Ese costo visible no permite determinar, por sí solo, si la reforma encarecerá el funcionamiento del Estado. También existe un costo de la omisión y de la demora. Una contratación deficiente detectada cuando ya fue ejecutada, una función duplicada durante años o un programa que consume recursos sin alcanzar sus objetivos pueden resultar considerablemente más onerosos que la auditoría que habría permitido advertirlos.

La pregunta relevante no es solamente cuánto cuesta auditar. También importa cuánto pierde la sociedad cuando el Estado controla tarde, dedica recursos a revisar asuntos de escasa importancia o acumula observaciones sin convertirlas en decisiones.

Las nuevas normas incorporan en este punto una previsión particularmente valiosa: las tareas de auditoría y las medidas correctivas deben considerar la relación entre sus costos y beneficios. La cantidad de controles no constituye, por sí misma, una medida de calidad institucional. Un procedimiento que genera más gastos, trámites y demoras que el riesgo que intenta reducir puede satisfacer una formalidad y, al mismo tiempo, deteriorar la gestión.

Alejandro Díaz sintetizó esta concepción durante el XLI Simposio Nacional de Profesores Universitarios de Contabilidad Pública. “Controlar no es solamente detectar errores: es generar evidencia que permita decidir y corregir”, sostuvo. Su conclusión definió el sentido del nuevo enfoque: “Controlar bien no es paralizar al Estado; es contribuir a que el Estado funcione mejor”.

Desde RegUNDO valoramos esta evolución como parte de una transformación más amplia del Estado. El control público no debería medirse por la extensión de sus procedimientos, la cantidad de informes emitidos o el número de observaciones pendientes. Su legitimidad depende de su capacidad para proteger los recursos de los ciudadanos, mejorar decisiones y detectar a tiempo aquellas prácticas que comprometen el funcionamiento de la administración.

La implementación permitirá comprobar el alcance real de la reforma. Si el análisis de riesgos sustituye revisiones generalizadas, tardías o duplicadas, las nuevas normas podrán contribuir a un Estado más austero, profesional y eficaz. Si sus exigencias simplemente se superponen a los procedimientos existentes, se perderá una parte sustancial de la oportunidad abierta por la actualización.

Transformar el control no consiste en multiplicar auditorías. Consiste en controlar lo importante, hacerlo a tiempo y conseguir que cada intervención justifique el costo que impone a la sociedad. En esa dirección, la reforma de la SIGEN representa un avance coherente con el objetivo de construir un Estado que utilice mejor sus recursos y responda con mayor eficacia ante los ciudadanos.